Los seres concientes forjan la historia (XVI)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO XVI: Presidenta Bachelet y el Pueblo Mapuche

Michelle Bachelet presentó el 23 de junio de 2017 el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La Araucanía y reconoció “errores y horrores” de parte del Estado chileno.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en conjunto con los ministros de Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; y de Desarrollo Social, Marcos Barraza, presentó el viernes 23 de junio de 2017, el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La Araucanía.
En esta ocasión pidió perdón, a nombre del Estado chileno, por no resguardar adecuadamente “la identidad, la cultura, los territorios y los medios de vida del pueblo mapuche”.

“Hemos fallado como país. Por eso hoy, en mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades”, señaló la presidenta Michelle Bachelet.

La presidenta Bachelet realizó este reconocimiento luego de señalar que “cambiar nuestra mirada exige, en primer lugar, asumir nuestras responsabilidades en la historia de desencuentros y postergaciones”.

“Es claro que desde la conformación de nuestra República, la identidad, la cultura, los territorios y los medios de vida del pueblo Mapuche no fueron resguardadas como correspondía y que en más de un siglo y medio de historia nacional, dicho pueblo fue sometido a la invisibilidad y sus comunidades desarraigadas, despreciadas y discriminadas”, dijo Bachelet.

La mandataria además reconoció “dolor y las pérdidas que han afectado a todas las demás víctimas de la violencia rural en la región, y pedirles perdón por aquellas veces que como Estado no supimos asegurar la paz ni proteger su integridad”.

Principales medidas

El Plan de Reconocimiento se realizó en base a las propuestas elaboradas por la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, liderada por Monseñor Héctor Vargas, e integrada por 20 miembros, representantes del Ejecutivo, comunidad mapuche, Iglesia y sector privado. Entre las principales medidas se encuentran:

o Entregar políticas de reconocimiento a los pueblos indígenas, incluyendo nuevas formas de participación y reparación. Dichas alternativas serán consignadas en el proyecto de nueva Constitución que se enviará al Congreso Nacional durante el segundo semestre.

o Reconocimiento de derechos colectivos del pueblo mapuche, mediante la oficialización en el uso del mapudungún en la región, junto con catalogar como feriado nacional el Día Nacional de los Pueblos Originarios, celebrado el 24 de junio.

o Tramitar con urgencia los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas.

o Creación de un comité interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo Social, con el cual se actualice el catastro de tierras y aguas.

o Instauración de políticas de desarrollo productivo regional y territorial, mediante una “fuerte inversión en obras públicas, infraestructura educacional, caminos básicos y trabajos ligados al agua potable”, entre otras instancias.

o Fondo de forestación para la “plantación, manejo y operación de predios indígenas con aptitud forestal”.

o Creación del Instituto de Desarrollo Corporativo, cuyo objetivo será la “formación de capital humano con pertinencia cultural a productores mapuche”.

o Ley Araucanía, que tendrá como foco “fomentar la productividad, generación de infraestructura y de capital social y humano”, agregando incentivos económicos a empresas que trabajen “exclusivamente” en la región y se instalen en las zonas más vulnerables de la misma.

Políticas de protección y apoyo para las víctimas de la violencia ocurrida en la región, mediante su recuperación económica, e incluyendo tanto a personas como empresas perjudicadas con la violencia generada.


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Los seres concientes forjan la historia (XV)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO XV: Proyecto de Ley que reemplaza al SENAME

El 24 de marzo de 2017 la Presidenta Bachelet firmó los Proyectos de Ley que crean el Servicio Nacional de Protección Especializada para niños y niñas y aquel que instaura el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

La Mandataria presentó la iniciativa que eliminará el Sename y, en su reemplazo, creará dos instituciones que se dividirán las tareas: una que se encargará de los niños cuyos derechos han sido vulnerados y otra que tratará con los menores infractores de la ley. Para el primer caso, se creará el Servicio de Protección Especial de Derechos de la Niñez, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social.

Esa entidad se encargará de entregar prestaciones especializadas de protección y restitución de derechos a niños que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas. Para esto, se establecerá un sistema de acreditación de programas que permitirá recoger la experiencia y las mejores prácticas en materia de intervención social, tanto en las que ejecute el servicio, como las realizadas por terceros. Además, se mejorará la calidad de los prestadores, la supervisión de los programas y la gestión del servicio.

El segundo proyecto de ley crea lo que será el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que se encargará de los niños que se han visto involucrados en conflictos con la ley. La institución tendrá como objeto la ejecución de medidas y sanciones fijadas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mejorando la calidad de los procesos de intervención.

Esto se realizará a través de dos definiciones estratégicas. La primera es la adscripción al sistema de Alta Dirección Pública, en el que se fijarán estándares de calidad por cada programa de ejecución de medidas y sanciones, las cuales serán ratificadas por una Comisión de Estándares y Acreditación. Y la segunda es la de redefinir el sistema de externalización en base a criterios de gestión de calidad, a partir de la constitución de una Comisión de Estándares y Acreditación, mejores procesos de supervisión financiera y técnica y un sistema de financiamiento más adecuado.

Durante la ceremonia, la Presidenta afirmó que “hoy día estamos enviando al Congreso proyectos que son prioritarios para nuestro país, cuyo envío hemos comprometido en estas fechas y que nos permitirán contar con instituciones de alto nivel técnico y profesional, con capacidad para actuar en ámbitos donde el rol del Estado es, por un lado, necesario y, por otro lado, irreemplazable”.
En la oportunidad agregó que “se trata de proyectos que han requerido un amplio trabajo de participación y de diálogo, gracias al cual ha sido posible aprovechar, por un lado, la experiencia, el conocimiento y también las observaciones críticas de los distintos actores involucrados”.

La Mandataria destacó que “hoy asumimos y enfrentamos la actual situación de la protección de la infancia en nuestro país, proponiendo la necesaria diferenciación de dos funciones claramente distintas que hasta hoy ha debido asumir el Servicio Nacional de Menores”.

“Estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos con el país, con un proyecto de futuro, y también respondemos ante las situaciones y la coyuntura que nos plantea el camino, con soluciones concretas y sólidas, como estos proyectos que hoy día estamos presentando”, añadió.

Al finalizar sus palabras manifestó que “Hoy Chile elige no apartar la vista y hacerse cargo de los retos impostergables que la dignidad de nuestra gente y el bienestar de las familias requieren, en todas las circunstancias posibles”.


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Los seres concientes forjan la historia (XIII)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO XIII: Acuerdo de Unión Civil

El lunes 13 de abril de 2015 la Presidenta Michelle Bachelet promulgó ley de Acuerdo de Unión Civil de los Convivientes Civiles (AUC) Fue publicado en el Diario Oficial el 21 de abril de 2015 y entró en vigencia en vigencia el 22 de octubre de 2015.

El Congreso había aprobado el AUC, el 28 enero de 2013.

Esta ley permite regular legalmente las relaciones de parejas de distinto o igual sexo.

Al momento de promulgar esta ley Michelle Bachelet dijo: “Es una reivindicación y un logro en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Son ellos y ellas quienes han liderado esta demanda de equidad, quienes han levantado la bandera del respeto al otro y a quienes hoy agradecemos especialmente este hito histórico en el avance de los derechos civiles”. En ese contexto, hizo un inédito reconocimiento a la relación entre la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral y su secretaria personal, Doris Dana, citando uno de sus dichos para retratar que la iniciativa pretende preservar el amor entre las parejas sin importar el sexo de los convivientes. “Nuestra Gabriela Mistral escribió a su querida Doris Dana: ‘Hay que cuidar esto Doris, es una cosa delicada el amor’.

Y lo recuerdo hoy –señaló la Presidenta Bachelet- porque a través de esta ley lo que hacemos es reconocer desde el Estado el cuidado de las parejas y de las familias y dar un soporte material y jurídico a esa vinculación nacida en el amor”.

Añadiendo que con esta medida el país “se pone al día con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todas las personas a formar una familia”. “Nos ponemos al día como un Chile inclusivo y diverso, un Chile amoroso y justo donde existen muchos tipos de hogares, pero cada uno de ellos cuenta con el respeto, protección, dignidad y reconocimiento que merece”.

La Mandataria agregó: “A través de este Acuerdo de Unión Civil, lo que hacemos es abrir los brazos de nuestras instituciones, que en algún momento se mostraron distantes, e incluso desdeñosas, para acoger y proteger a aquellos y aquellas que hemos dejado de lado”.

También explicó la Mandataria, que la iniciativa busca terminar de este modo con la discriminación hacia las parejas homosexuales, estableciendo que los contrayentes serán considerados legalmente como parientes.

Proyecto de matrimonio igualitario y adopción homoparental

A lo anterior se debe agregar el Proyecto de Matrimonio Igualitario y adopción homoparental, firmado en La Moneda por la Presidenta Bachelet el lunes 28 de agosto de 2017. Al hacerlo citó la frase del escritor chileno Pedro Lemebel: “Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro”.

La mandataria destacó que, en lo principal, la iniciativa modificaría el artículo 102 del Código Civil en lo que respecta a la constitución del Matrimonio, y que actualmente lo establece como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.

El texto modificado reemplazaría las palabras “un hombre y una mujer”, por “dos personas”.

Asimismo, la presidenta Bachelet dijo que “un niño o niña podrá ser adoptado indistintamente por un matrimonio heterosexual u homosexual, por el solo hecho de ser cónyuges, sin necesidad de modificar la ley de adopciones”.

En este contexto, el proyecto de ley también permitiría la adopción del hijo del cónyuge, habiendo acuerdo entre las partes.

Otro de los aspectos que se incluyó en la redacción del texto fue la eliminación de la causal de homosexualidad en el divorcio por culpa, y el establecimiento del régimen de separación total de bienes como el estándar pudiéndose sustituir por la participación de gananciales.

Durante su alocución la mandataria también conminó al Congreso a discutir con altura de miras el proyecto y responder a “lo que los chilenos esperan” de sus autoridades.

De esta forma, gracias al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelte, Chile avanzando a ser un país más justo e inclusivo.


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Los seres concientes forjan la historia (XII)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO XII: El Gobierno de Bachelet y la ayuda a sectores más necesitados

Bonos

El 12 de marzo de 2014, al día siguiente de asumir la presidencia, Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley para la entrega de dos bonos a las familias más pobres.

El 14 de marzo anunció un decreto que crea el Consejo de la Infancia y la Adolescencia, que busca resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia, cumpliendo con dos de sus promesas de campaña en menos de 3 días.

El 19 de marzo el Senado aprobó el “Bono Marzo permanente”, obteniendo así la aprobación de la primera ley de su mandato.

El 28 de abril, Michelle Bachelet anunció un bono de invierno para adultos mayores que consistió en un pago de 51 mil 975 pesos y fue entregado a contar de dos días después el 30 de abril.

Centros de acogida

El 13 de mayo de 2014, Michelle Bachelet confirmó la creación de 15 centros de acogida para adultos mayores que estarán listos en 2016. Estos estarán ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Los Ríos, Aysén y Metropolitana.


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Los seres concientes forjan la historia (XI)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO XI: Gratuidad en Educación Superior

Hasta 2015 el financiamiento al estudiante a través de becas de matrícula y arancel respondía al modelo subsidiario, concibiéndose como un beneficio focalizado, dirigido a individuos que cumplían determinados requisitos que los diferencian del conjunto de potenciales destinatarios.

La entrada en vigencia de la gratuidad responde a la concepción de la educación como derecho social, respecto del cual el Estado asume un rol garante, es decir, debe proveerlo directamente –a través de sus instituciones– y/o asegurar su provisión.

“En 2018 la gratuidad en educación superior universitaria, técnica y profesional se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables”. Esa fue la frase con que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció -en el marco de su última Cuenta Pública ante el Congreso, EL 1 de junio de 2017- el aumento de la cobertura de la gratuidad en estudiantes de educación superior.

La Mandataria, destacó que, en el marco de la Reforma Educacional, este año más de 257 mil jóvenes están estudiando con Gratuidad en la educación superior. Esta cifra representa el 25% de la matrícula de pregrado de todo el sistema, lo que implica que uno de cada cuatro estudiantes seguirá su formación sin pagar ni matrícula ni aranceles.

Son 143.637 jóvenes que accedieron este año al beneficio, de los cuales 91.601 están en el primer año de su carrera, y 52.036 son alumnos de cursos superiores. Ellos se suman a los 113.393 estudiantes que renovaron y que pertenecen a la primera generación de beneficiarios de esta política pública, que empezó a implementarse en 2016.

Además del aumento en la cobertura de gratuidad, Michelle Bachelet añadió otras medidas para educación superior: la presentación de un proyecto de ley para fortalecer las universidades estatales, nuevos Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica en regiones, y la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Esto último se hará a través de un proyecto de ley que “establecerá un sistema de financiamiento estudiantil que complemente el esfuerzo en gratuidad, la creación de una entidad pública y la promoción de estándares de calidad en las instituciones que accedan a este beneficio”, detalló la Presidenta.

“Quien quiera echar pie atrás de una política seria, inclusiva y responsable como es la gratuidad de la educación superior le va estar dando la espalda a Chile ya las familias chilenas”, sentenció la Mandataria.

El 17 de junio de 2017, la sala de la Cámara de Diputados terminó por aprobar el Proyecto de Educación Superior, que tras una extensa jornada, pasó al Senado para cumplir con su segundo trámite legislativo, tras un año en el Congreso.

El avance de la gratuidad al 60% de los alumnos más pobres en 2018 fue uno de los puntos que más atención acaparó. Con 62 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, la medida logró superar una nueva valla, pese al rechazo en masa de los diputados de Chile Vamos, salvo por las abstenciones de los UDI Pedro Alvarez-Salamanca y Jaime Bellolio. También votaron en contra los diputados del Frente Amplio.

El Proyecto fue despachado al Senado.


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Los seres concientes forjan la historia (X)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO X: El Gobierno de Bachelet y los profesores

El 20 de noviembre de 2014, se acordó la Agenda Corta entre el Gobierno y el Colegio de Profesores, presidido por Jaime Gajardo.

Los cinco puntos de este trascendental acuerdo fueron: 1.- Titularidad para profesores a contrata (se logró la titularidad para 33 mil profesores) ; 2.- Bono de retiro de 21 millones 500 mil pesos para los profesores en edad de jubilar que tengan más de 37 horas de contrato y proporcionales (lo que permitirá que docentes más jóvenes puedan ocupar los lugares de los retirados) 3.- Descongelamiento del Ingreso Mínimo Docente y reajustado con el IPC acumulado; 4.- Dos mesas técnicas una para agobio laboral; otra estudiar reparaciones para profesores afectados por la deuda histórica.

Carrera docente

El 20 de abril de 2015 la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de Nueva Política Nacional Docente. Señaló entonces: “Los profesores son el motor de la calidad”.

Las mentiras “disidentes”

La tramitación de este proyecto se dio en medio de los ataques y falsedades del sector que hoy conduce al Colegio de Profesores. Ya antes, siendo los “disidentes” lanzaron el eslogan “esta no es mi carrera”. Aseguraron que los profesores y profesoras, para los cuales era opcional ingresar a la carrera docente, que acogerse a la ley significaba perder el bono de incentivo al retiro y que podía disminuir su salario porque la asignación de perfeccionamiento se eliminaba o que iban a perder los bienios porque se terminaba con la mitad de la asignación de experiencia. También que podían ser despedidos en caso de que no subieran hasta el tramo avanzado. Prometieron que al no ingresar a la carrera les iba a permitir no volver a evaluarse.

Más que informar, la campaña de la disidencia consistió en mentir y generar pánico.

Hay que recordar que estos mismos dirigentes, en pleno conflicto por la Carrera, levantaron la moción de “Retiro del Proyecto”; al final lo que prosperó fue un rediseño a lo presentado por el Ejecutivo. Mediante indicaciones, movilizaciones y Comisión Tripartita logramos incidir en el proyecto y contar con un texto más cercano a nuestras demandas.

La Ley de Nueva Política Nacional Docente

El viernes 4 de marzo de 2016 la Presidenta Bachelet promulgó la nueva ley de Carrera Docente con el número 20.093.

Remuneraciones

Más de 200 mil docentes se vieron beneficiados con esta ley que implica una inversión de 2.300 millones de dólares.
Las remuneraciones tuvieron un aumento promedio de 30% al ingresar a la carrera, pues un profesor que ingresa al sistema con un contrato por 37 horas, recibirá una remuneración de al menos $ 800.000.-
Además se creó una asignación que permite aumentar hasta cerca de $ 300 mil pesos las remuneraciones de los profesores que hayan alcanzado los más altos niveles de desarrollo dentro de la carrera y que trabaja en establecimientos de lata concurrencia de alumnos prioritarios.

Bono de incentivo al retiro

Se extendió el bono de incentivo al retiro para profesores, lo que beneficiará a unos 20 mil educadores en un plazo de 8 años.

Horas no lectivas

Las horas no lectivas se incrementaron del 25% al 30% para los profesores del sector público y particular no subvencionado. En 2019 llegarán al 35%.

Los que creyeron las mentiras

Lamentablemente, fueron muchos los profesores y profesoras que creyeron en sus mentiras y decidieron no ingresar a la carrera. Pero también son muchísimos, los y las docentes que hoy se arrepienten de haberlo hecho.

Lo más grave de esta situación no es solo que ellos y ellas no recibirán el aumento del Bono de Reconocimiento Profesional (BRP) de $88.149 a $309.41.

Además se verán expuestos a un incentivo perverso que tienen los sostenedores a contar de julio de 2017. Este incentivo perverso consiste en que los docentes que no ingresaron a la carrera, desde el punto de vista del pago del BRP, serán más caros que aquellos que ingresaron. Esto debido a que de los $309.410 que recibirán los docentes en carrera por el BRP aproximadamente $30.000 saldrá de la subvención, mientras que el monto restante se entregará como un pago directo mediante la ley 20.158. En cambio, el BRP de los docentes que no ingresaron a la carrera se pagará totalmente con cargo a la subvención, lo que los convierte a ojos del sostenedor en docentes más “caros”. Esto llevará a los empleadores a preferir a los docentes que se acogieron a la ley en desmedro de los que no, cuestión que se vuelve realmente grave cuando consideramos el número de docentes que aún se encuentra a contrata.


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Los seres concientes forjan la historia (VIII)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO VIII: El Gobierno de Bachelet y la Reforma Laboral

El lunes 29 de agosto de 2016, la Presidenta promulgó el proyecto de ley sobre Reforma Laboral, que ingresó al Congreso a fines de 2014. Su promulgación no estuvo exenta de polémicas y tanto miembros de la oposición como del oficialismo quedaron disconformes con la medida. Dentro de las más recordadas es cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios a nuevos afiliados.

Luego de varios meses de tramitación, el sábado 1 de abril de 2017 comenzó a regir la nueva Ley de relaciones laborales en Chile. Bachelet al promulgar la reforma laboral, dijo: “Aspirábamos a más, porque persisten desequilibrios”

Dentro de los cambios más significativos que impulsó la Reforma Laboral fue precisamente el fortalecimiento de los sindicatos e incide en la forma cómo éstos se relacionarán con los empleadores.

Otros cambios relevantes son el establecimiento del último contrato colectivo vigente como piso para la negociación, la ampliación del catálogo de conductas que se califican como prácticas antisindicales y la mayor regulación de la obligación de los empleadores de entregar información a los sindicatos para que éstos preparen la negociación colectiva, unida a la posibilidad de exigir administrativa y judicialmente el cumplimiento de esa obligación.

La derecha, representando los intereses de los grandes patrones lanzaron una campaña del terror contra la Reforma Laboral. Vaticinaron una estampida de huelgas

Pero los porfiados hechos muestran la falsedad de esa afirmación.

Las huelgas efectuadas bajaron de un 25% en 2016, a un 14% hasta esta fecha. Si comparamos los últimos cinco años se comprueba no ha existido una mayor conflictividad.

En cuanto a la duración de las huelgas son 13,9 días en promedio, y durante el 2017 las huelgas duraron 13,9 días.

Uno de los logros alcanzados por los trabajadores es el derecho efectivo de huelga sin reemplazo.

La Reforma Laboral, a pesar de las podas realizadas, incluida la del Tribunal Constitucional, fue un paso adelante en la tarea de romper las ataduras anti obreras heredadas de la dictadura fascista.


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Los seres concientes forjan la historia (VII)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO VII: El Gobierno de Bachelet y la educación en las universidades

El 5 de mayo de 2015 Michelle Bachelet firmó su primer proyecto de ley de su gobierno en materia de educación, que crea la figura de un administrador provisional de universidades en crisis para garantizar la continuidad de clases para sus alumnos. Fue promulgada el 12 de diciembre.

Salas-cuna

Como parte de la Reforma Educacional propuesta por su gobierno, el día 6 de mayo Michelle Bachelet anunció la creación de las primeras 534 salas-cuna, de un total de 4.500, en 382 localidades de Chile. Esta medida, que abarcará todas las regiones del país, estuvo dentro de los 50 compromisos para los primeros 100 días de gobierno.

Fin del lucro, la selección y el copago

El 19 de mayo de 2015, la Presidenta Bachlet firma otros de los proyectos que abordan puntos centrales de la Reforma educacional, como terminar con el lucro, la selección escolar, fin del copago, esto con el objetivo de garantizar la gratuidad, así como en la eliminación del lucro y de los procesos de selección en todos los colegios. Meses después, en agosto la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile votó en general la iniciativa que regula la admisión de estudiantes en los colegios del país. Promulgada en enero de 2015.

El lunes 31 de agosto de 2015 un total de 743 colegios con copago decidieron pasar a ser gratuitos. Desde marzo de 2016, 228.481 familias que pagaban el copago tienen acceso gratuito a la educación.

Educación parvularia

El 3 de junio la Presidenta envía al Parlamento el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia.

Democratización de la Educación Superior

A finales de julio Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley que derogó la prohibición de participación con derecho a voto de alumnos y funcionarios administrativos en el gobierno de las instituciones de educación superior, más conocido como DFL2.

Planta del personal de jardines infantiles

El 26 de septiembre la Presidenta promulga la Ley que modifica la planta del personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.


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Los seres concientes forjan la historia (VI)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO VI:  El Gobierno de Bachelet y la Reforma Tributaria

El 31 de marzo de 2014, Michelle Bachelet presentó su Reforma Tributaria. Firmó el proyecto respectivo, que elimina el FUT y eleva el impuesto a empresas.

Poco después, a las 21:00 horas, informó de ella a la ciudadanía mediante cadena nacional.

El 15 de mayo es aprobado por la Cámara de diputados el proyecto de la reforma tributaria. Es aprobado en general por 72 votos a favor y 48 en contra.

La reforma tributaria busca financiar una reforma educacional, mejorar la distribución de la riqueza y los servicios de salud y recuperar el equilibrio fiscal de las cuentas del Estado.

El viernes 26 de Septiembre de 2014 la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley, entrando en vigencia desde el 1 de Octubre de 2014. Así cumplió otro compromiso de su campaña electoral.

Según señaló en esa ocasión la Presidenta Bachelet: “La reforma será un medio para disminuir la desigualdad a través de la justicia tributaria”.

La mandataria destacó que los cambios realizados permitirán recaudar unos 8.300 millones de dólares que darán el financiamiento permanente de las otras reformas que están consideradas en el programa de gobierno, como la Educacional.
Además indicó que ayudará a dar mayor certidumbre frente al escenario de desaceleración.

La reforma tributaria aumenta el impuesto que pagan las empresas de 20 a 25% (en el sistema integrado), lo que se traducirá en mayor equidad tributaria y una serie de mecanismos que buscarán bajar la evasión y elusión.

La Presidenta dijo que las modificaciones incentivarán el ahorro y la inversión, junto con entregar apoyo a las Pymes y un impacto positivo en las viviendas.

En tanto, los recursos recaudados permitirán invertir en educación, en el plan de salud (de unos 4.000 millones de dólares) y para reducir el déficit estructural de las cuentas fiscales, sostuvo la mandataria.
Bachelet explicó que los cambios que produce la reforma se realizarán gradualmente y, por ejemplo, la eliminación del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) comenzó desde enero de 2015.

En su Cuenta Pública Presidencial de 2016, la Presidenta Michelle Bachelet destacó, entre otros aspectos, que la reforma tributaria impulsada por su Gobierno “ha sido eficaz” para llevar adelante políticas públicas.

Entre los varios aspectos económicos comentados, además de la mencionada reforma a la recaudación de impuestos, estuvo la energía, diversificación de producción, creación de empresas y los índices de empleo y desempleo.

“Para dar estabilidad a la inversión en políticas públicas, y en especial en educación, hicimos una reforma tributaria que recauda 3% del PIB”, dijo la Presidenta, y evaluó que la medida “ha sido equitativa porque los que tienen más, contribuyen más: de acuerdo al Banco Mundial el 10% más rico de Chile paga 93% de los incrementos en impuestos recaudados. Así, los mayores impuestos pagados por el 0,1% más rico de la población aportan el 73% del total recaudado”.


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Los seres concientes forjan la historia (V)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO V: Presidenta Bachelet inicia proceso por una nueva Constitución

El 13 de octubre de 2015, a través de una cadena nacional, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el cronograma con que su gobierno concretará el inicio del cambio a la nueva Constitución.

Dijo la Presidenta: “La actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría, por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”.

La presidenta Bachelet señaló que “Confiamos que la ciudadanía aprobará con fuerza esta propuesta y que todas las fuerzas políticas se abrirán de buena fe a este patriótico consenso”.

El proceso constituyente

El proceso considera tres momentos: el Encuentro, la Deliberación y la Soberanía.

El Encuentro (Etapa Participativa) consistió en la participación pública a nivel territorial (local, provincial y regional) con el objetivo que las visiones ciudadanas incidan en la primera versión del Proyecto de cambio Constitucional que enviará la Presidenta al Congreso Nacional.

La Deliberación consiste en la discusión sobre los contenidos constitucionales en la sede constituyente acordada por el Congreso Nacional.

La Soberanía se refiere al plebiscito final ratificatorio del cambio constitucional.

Etapa participativa (23 abril – 6 agosto 2016)

La Etapa Participativa convocó a ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos, mundo académico, empresarial y cultural a deliberar sobre los asuntos constitucionales.

Consideró tres niveles de participación (local, provincial y regional) a través de la convergencia deliberativa, concebida como un espacio de diálogo donde las personas llegan a conclusiones de manera colaborativa, generando acuerdos desde sus diversas visiones sobre la Constitución, y registrando también sus acuerdos parciales y desacuerdos.

PREPARACIÓN (DICIEMBRE 2015 – MARZO 2016)

Se realizó una campaña de difusión de contenidos cívico-constitucionales y, posteriormente, una campaña de información sobre la propia etapa participativa (cómo, cuándo y dónde participar).

CONSULTA INDIVIDUAL (23 ABRIL – 6 AGOSTO 2016)

La Consulta Individual fue parte de la Etapa Local. Cada persona manifestó, en cuatro preguntas cerradas y una abierta, sus opiniones sobre los asuntos constitucionales. El formulario pudo ser completado en la plataforma digital. Fue respondido por 90.804 personas durante todo el periodo.

ENCUENTROS LOCALES

Los Encuentros Locales fueron parte de la Etapa Local. Consistieron en reuniones auto-convocadas en las que cualquier grupo, organización social y/o territorial entre 10 y 30 personas con domicilio en una comuna, deliberaron sobre los asuntos constitucionales, inscribiendo previamente su encuentro en la plataforma digital y siguiendo la metodología propuesta para estos. Fueron validados 8.113 Encuentros Locales a lo largo de todo el país.

CABILDOS PROVINCIALES

Los Cabildos Provinciales fueron encuentros masivos y de diálogo abierto sobre los temas de discusión. Se realizaron 71 Cabildos Provinciales en establecimientos educacionales u otros espacios públicos, conducidos metodológicamente por los facilitadores y producidos por las Gobernaciones. Se conversó a partir de los resultados de la Consulta Individual y Encuentros Locales.

CABILDOS REGIONALES

Los Cabildos Regionales fueron encuentros masivos y de diálogo abierto sobre los temas de discusión. Se realizaron 15 Cabildos Regionales en establecimientos educacionales u otros espacios públicos, conducidos metodológicamente por los facilitadores y producidos por las Intendencias. Se conversó a partir de los resultados de los Cabildos Provinciales.

BASES CIUDADANAS

Las Bases Ciudadanas son el resultado de los diálogos establecidos en los distintos niveles de participación. Se componen de tres partes: una sistematización del resultado de los distintos niveles de participación; una síntesis de la sistematización de resultados realizada por el Consejo Ciudadano de Observadores; y un informe de observación a cargo del mismo órgano. Éstas serán el insumo para que la Presidenta envíe un Proyecto de cambio Constitucional al Congreso Nacional.

Presidenta Bachelet recibe bases ciudadanas

La Presidenta Michelle Bachelet recibió el lunes 16 de enero de 2017 las Bases Ciudadanas de Una Constitución para Chile, concluyendo la etapa participativa del proceso constituyente.

El documento fue realizado en base al aporte de las 204.402 personas que participaron del proceso. El texto de 850 páginas -incluyendo anexos- fue entregado por el líder del grupo de observadores del proceso, el abogado constitucionalista Patricio Zapata.

La Mandataria manifestó que “si este día es auspicioso, es porque hoy podemos decir con orgullo que esa Carta Magna, plenamente democrática y moderna a la que aspiramos, empieza a tomar cuerpo con fuerza. Tal como comprometimos, aquí están las bases ciudadanas. Por primera vez en nuestra historia, la voz libre e igual de todos y todas, será el punto de partida de nuestro texto constitucional”.

“Una vez más los augurios de los pesimistas quedaron desmentidos. El mejor remedio al escepticismo y al pesimismo es la evidencia, y aquí está: en la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas; en la de 1925, 122 personas; en la Constitución de 1980, fueron 12 personas. Y en este proceso constituyente, son 204.402 personas”.

El informe reúne los resultados de las distintas etapas de participación del Proceso Constituyente, incluyendo un reporte del Comité de Sistematización y dos textos del Consejo Ciudadano de Observadores.

Luego de recibir las bases, la Mandataria enviará al Congreso el proyecto para la Nueva Constitución.


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