Por un recurso de protección que presentamos, la Corte Suprema emitió su fallo encontrándonos la razón. La resolución reconoce argumentada y claramente que la intervención desde el centro del país a la Universidad de Aysén fue arbitraria, es decir carente de fundamentos, y por lo tanto ilegal. Esa ilegalidad llevó a la Corte a anular el decreto con el que fui removida del cargo de rectora en agosto del año pasado.

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