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Los seres concientes forjan la historia (XI)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO XI: Gratuidad en Educación Superior

Hasta 2015 el financiamiento al estudiante a través de becas de matrícula y arancel respondía al modelo subsidiario, concibiéndose como un beneficio focalizado, dirigido a individuos que cumplían determinados requisitos que los diferencian del conjunto de potenciales destinatarios.

La entrada en vigencia de la gratuidad responde a la concepción de la educación como derecho social, respecto del cual el Estado asume un rol garante, es decir, debe proveerlo directamente –a través de sus instituciones– y/o asegurar su provisión.

“En 2018 la gratuidad en educación superior universitaria, técnica y profesional se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables”. Esa fue la frase con que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció -en el marco de su última Cuenta Pública ante el Congreso, EL 1 de junio de 2017- el aumento de la cobertura de la gratuidad en estudiantes de educación superior.

La Mandataria, destacó que, en el marco de la Reforma Educacional, este año más de 257 mil jóvenes están estudiando con Gratuidad en la educación superior. Esta cifra representa el 25% de la matrícula de pregrado de todo el sistema, lo que implica que uno de cada cuatro estudiantes seguirá su formación sin pagar ni matrícula ni aranceles.

Son 143.637 jóvenes que accedieron este año al beneficio, de los cuales 91.601 están en el primer año de su carrera, y 52.036 son alumnos de cursos superiores. Ellos se suman a los 113.393 estudiantes que renovaron y que pertenecen a la primera generación de beneficiarios de esta política pública, que empezó a implementarse en 2016.

Además del aumento en la cobertura de gratuidad, Michelle Bachelet añadió otras medidas para educación superior: la presentación de un proyecto de ley para fortalecer las universidades estatales, nuevos Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica en regiones, y la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Esto último se hará a través de un proyecto de ley que “establecerá un sistema de financiamiento estudiantil que complemente el esfuerzo en gratuidad, la creación de una entidad pública y la promoción de estándares de calidad en las instituciones que accedan a este beneficio”, detalló la Presidenta.

“Quien quiera echar pie atrás de una política seria, inclusiva y responsable como es la gratuidad de la educación superior le va estar dando la espalda a Chile ya las familias chilenas”, sentenció la Mandataria.

El 17 de junio de 2017, la sala de la Cámara de Diputados terminó por aprobar el Proyecto de Educación Superior, que tras una extensa jornada, pasó al Senado para cumplir con su segundo trámite legislativo, tras un año en el Congreso.

El avance de la gratuidad al 60% de los alumnos más pobres en 2018 fue uno de los puntos que más atención acaparó. Con 62 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, la medida logró superar una nueva valla, pese al rechazo en masa de los diputados de Chile Vamos, salvo por las abstenciones de los UDI Pedro Alvarez-Salamanca y Jaime Bellolio. También votaron en contra los diputados del Frente Amplio.

El Proyecto fue despachado al Senado.


Ver:

Los seres concientes forjan la historia (X)

Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

CAPÍTULO X: El Gobierno de Bachelet y los profesores

El 20 de noviembre de 2014, se acordó la Agenda Corta entre el Gobierno y el Colegio de Profesores, presidido por Jaime Gajardo.

Los cinco puntos de este trascendental acuerdo fueron: 1.- Titularidad para profesores a contrata (se logró la titularidad para 33 mil profesores) ; 2.- Bono de retiro de 21 millones 500 mil pesos para los profesores en edad de jubilar que tengan más de 37 horas de contrato y proporcionales (lo que permitirá que docentes más jóvenes puedan ocupar los lugares de los retirados) 3.- Descongelamiento del Ingreso Mínimo Docente y reajustado con el IPC acumulado; 4.- Dos mesas técnicas una para agobio laboral; otra estudiar reparaciones para profesores afectados por la deuda histórica.

Carrera docente

El 20 de abril de 2015 la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de Nueva Política Nacional Docente. Señaló entonces: “Los profesores son el motor de la calidad”.

Las mentiras “disidentes”

La tramitación de este proyecto se dio en medio de los ataques y falsedades del sector que hoy conduce al Colegio de Profesores. Ya antes, siendo los “disidentes” lanzaron el eslogan “esta no es mi carrera”. Aseguraron que los profesores y profesoras, para los cuales era opcional ingresar a la carrera docente, que acogerse a la ley significaba perder el bono de incentivo al retiro y que podía disminuir su salario porque la asignación de perfeccionamiento se eliminaba o que iban a perder los bienios porque se terminaba con la mitad de la asignación de experiencia. También que podían ser despedidos en caso de que no subieran hasta el tramo avanzado. Prometieron que al no ingresar a la carrera les iba a permitir no volver a evaluarse.

Más que informar, la campaña de la disidencia consistió en mentir y generar pánico.

Hay que recordar que estos mismos dirigentes, en pleno conflicto por la Carrera, levantaron la moción de “Retiro del Proyecto”; al final lo que prosperó fue un rediseño a lo presentado por el Ejecutivo. Mediante indicaciones, movilizaciones y Comisión Tripartita logramos incidir en el proyecto y contar con un texto más cercano a nuestras demandas.

La Ley de Nueva Política Nacional Docente

El viernes 4 de marzo de 2016 la Presidenta Bachelet promulgó la nueva ley de Carrera Docente con el número 20.093.

Remuneraciones

Más de 200 mil docentes se vieron beneficiados con esta ley que implica una inversión de 2.300 millones de dólares.
Las remuneraciones tuvieron un aumento promedio de 30% al ingresar a la carrera, pues un profesor que ingresa al sistema con un contrato por 37 horas, recibirá una remuneración de al menos $ 800.000.-
Además se creó una asignación que permite aumentar hasta cerca de $ 300 mil pesos las remuneraciones de los profesores que hayan alcanzado los más altos niveles de desarrollo dentro de la carrera y que trabaja en establecimientos de lata concurrencia de alumnos prioritarios.

Bono de incentivo al retiro

Se extendió el bono de incentivo al retiro para profesores, lo que beneficiará a unos 20 mil educadores en un plazo de 8 años.

Horas no lectivas

Las horas no lectivas se incrementaron del 25% al 30% para los profesores del sector público y particular no subvencionado. En 2019 llegarán al 35%.

Los que creyeron las mentiras

Lamentablemente, fueron muchos los profesores y profesoras que creyeron en sus mentiras y decidieron no ingresar a la carrera. Pero también son muchísimos, los y las docentes que hoy se arrepienten de haberlo hecho.

Lo más grave de esta situación no es solo que ellos y ellas no recibirán el aumento del Bono de Reconocimiento Profesional (BRP) de $88.149 a $309.41.

Además se verán expuestos a un incentivo perverso que tienen los sostenedores a contar de julio de 2017. Este incentivo perverso consiste en que los docentes que no ingresaron a la carrera, desde el punto de vista del pago del BRP, serán más caros que aquellos que ingresaron. Esto debido a que de los $309.410 que recibirán los docentes en carrera por el BRP aproximadamente $30.000 saldrá de la subvención, mientras que el monto restante se entregará como un pago directo mediante la ley 20.158. En cambio, el BRP de los docentes que no ingresaron a la carrera se pagará totalmente con cargo a la subvención, lo que los convierte a ojos del sostenedor en docentes más “caros”. Esto llevará a los empleadores a preferir a los docentes que se acogieron a la ley en desmedro de los que no, cuestión que se vuelve realmente grave cuando consideramos el número de docentes que aún se encuentra a contrata.


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